Editoriales

Entrada Capacitación

Jornada “Hacia una Justicia sin barreras”

f9bbdeb62248e2fc4418a6935e64cf4c

Martes 3 de diciembre, Aula Magna Facultad de Derecho (UBA), Palabras de cierre del Dr. De Stéfano. Buenas tardes, para mí …

El concepto actual de servicio público en la República Argentina

El concepto jurídico del servicio público, fundamentalmente en la Europa continental, ha tenido diversas formulaciones y reformulaciones. Leer artículo …

Servicios públicos y reforma del Estado. Del “Estado de excepción” al orden público internacional de los Derechos Humanos

Estudiar la regulación del servicio público en el marco de la denominada “reforma del Estado” en Argentina implica, necesariamente, un …
f203d630ce0c3265f9c9461092194e6b

Artículo Juicio a las Juntas

Por Juan Sebastián De Stefano

Se cumplen 30 años del juicio más trascendental de nuestra historia por la violación los derechos humanos en Argentina.

Nos referimos a un hecho histórico que no ha sido valorado en su real dimensión por la sociedad argentina.

Recordar el desarrollo de este juicio intenta, no solo reivindicar un acto de justicia sino también de resaltar las características propias de una iniciativa política que comprendió de manera cabal el momento histórico. En 1983, Argentina entendió que para construir un futuro en democracia había que hacerlo sobre un principio de justicia por eso inició un camino hasta entonces desconocido, incomparable con cualquier otro proceso de reparación de derechos humanos en el mundo.

Esta convicción había que convertirla en hechos concretos a través de medidas de gobierno, y no fue una tarea sencilla. Hay quienes consideran, que “el Juicio a las Juntas, resuelto y sostenido hasta el final por el presidente Raúl Alfonsín, como la mayor hazaña civil de la historia de nuestra nación”, así lo expresa en José Eliaschev, en su libro Los hombres del juicio (Ed. Sudamericana, 2011).

En este sentido se puede decir que fue mucho más que un juicio, ya que tuvo un significado fundacional, al quebrar una tradición de impunidad que acarreaba la historia argentina que alternaba entre gobiernos de facto y democráticos, tolerando con impunidad los atentados al orden constitucional y a las violaciones a los derechos humanos y civiles más elementales.

Pero Raúl Alfonsín fue presidente de los argentinos, y otra fue la historia. 

Es bueno recordar que un mes antes de las elecciones de 1983 el gobierno al mando del Gral. Bignone promulga la ley de Pacificación Nacional, Nº 22.924 conocida como ley de auto amnistía que en su Artículo 1º declaraba extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Y extendía su alcance a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos. 

Mientras el gobierno militar dictaba esta ley, los sectores democráticos discutían cómo abordar, en democracia, las violaciones a los derechos humanos del pasado. Se planteaban, básicamente tres alternativas: 1) no tomar medidas reconociendo la vigencia de la ley de auto amnistía que incluía los delitos cometidos durante el último gobierno justicialista a partir del 25 de marzo de 1973, cerrando así un conflicto sin resolverlo; 2) iniciar un proceso a todos los que fueran denunciados; 3) iniciar juicios de acuerdo al grado de responsabilidad según el mando. Esta última fue la propuesta de la campaña electoral de Raúl Alfonsín, si bien en las urnas triunfaron sus ideas, llevarlas a cabo no fue fácil.

Aun creyendo que era la alternativa más justa muchos dudaron que fuera posible, y él mismo se lo pregunta en su libro “Memoria Política-Transición a la democracia y derechos humanos” (F.C.E., 2004): Había que evitar que se repitiese ese ciclo histórico de la impunidad y sentar el precedente de que a partir de 1983 no se tolerarían nunca más episodios al margen de la ley.(…) no se podían construir los cimientos de la naciente democracia en nuestro país desde una claudicación ética. El comienzo de la vida democrática argentina exigía  poner a consideración de la sociedad, explícitamente, el tema de la represión ejercida desde el Estado. Y llevar a los responsables de la violencia ante los tribunales. Pero había que hacerlo sin perder de vista la situación de fragilidad de la democracia. Muchas veces me pregunté si por defender los derechos humanos que habían sido violados en el pasado no arriesgaba los derechos humanos del porvenir. Es decir, si no estaba poniendo en peligro la estabilidad de la democracia y en consecuencia, la seguridad de los ciudadanos.

Alfonsín se plantea este dilema, pero sin embargo avanza con claridad en los primeros días de gobierno. Envía al Congreso el proyecto de derogación de la ley de auto amnistía (que fue Ley 23.040) y dicta el decreto 158/83 por el cual somete a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a las primeras tres juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976, proceso que luego terminaría en la justicia civil por la modificación al Código Procesal Penal que permitió la revisión de las sentencias de la justicia militar por parte de la Cámara Federal.

La iniciativa firme de someter a juicio a las juntas militares vino a terminar con una tradición histórica de impunidad.

En los años 80 los países de América Latina estaban iniciando un proceso de apertura democrática, Argentina era el primero en la región. Hoy podemos afirmar que esa transición fue exitosa, porque se consolidó la democracia, pero en ese momento el futuro era incierto. 

Los caminos elegidos fueron diferentes de acuerdo a las características sociales y los procesos políticos de cada país. En Argentina, Alfonsín hizo una clara propuesta durante la campaña electoral que fue, sin duda, la más acertada pero también la más valiente para aquel momento de transición democrática. Fue el único país que eligió la plena vigencia de la ley para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura militar. De esta manera se buscaba conocer la verdad y garantizar justicia, pero también dejar claro que en democracia nadie podía estar al margen de la ley, cualquiera fuera su jerarquía. Por eso en este juicio los acusados fueron los que tenían el mayor grado de responsabilidad.

También se buscaba que la historia no se repitiera, y fue el fiscal Julio César Strassera quien interpretó un sentimiento generalizado, en su alegato final al expresar que lo que se había probado en el juicio no debía suceder nunca más en nuestro país. Nunca más se convirtió en una expresión que tiene un significado enorme y para siempre en la memoria de todos los argentinos.

A dos años de finalizada la dictadura, Argentina daba los primeros pasos para conocer la verdad y se hiciera justicia, bajo el estricto imperio de la ley.

Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que gobernaron el país entre 1976 y 1983 fueron sometidos a juicio, las audiencias orales que se desarrollaron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, la sentencia la conoció todo el pueblo argentino el 9 de diciembre de 1985.

Esto sucedió hace 30 años en nuestro país y muchos fueron los protagonistas.

Los acusados fueron Jorge Rafael Videla, con el grado de Teniente General (RE) del Ejército Argentino, Emilio Eduardo Massera, militar con el grado de Almirante (RE) de la Armada Argentina, Orlando Ramón Agosti, Brigadier (RE) de la Fuerza Aérea Argentina, Roberto Eduardo Viola, Teniente General (RE) del Ejército Argentino, Armando Lambruschini, Almirante (RE) de la Armada Argentina, Omar Domingo Rubens Graffigna, Brigadier (RE) de la Fuerza Aérea Argentina, Leopoldo Fortunato Galtieri, Teniente Coronel (RE) del Ejército Argentino, Jorge Isaac Anaya,  Almirante (RE) de la Armada Argentina, Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, Brigadier General (RE) de la Fuerza Aérea.

El Tribunal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires estuvo integrado por Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio.

Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo. 

Las víctimas: innumerables.

El responsable político: Raúl Alfonsín. 

 

 

 

2cd9d1d7bb30511eb4cd517c131ae148

El acceso a la justicia como política pública

Las discusiones públicas y mediáticas sobre las reformas de la justicia no han podido insertarse en la sociedad y permanecen ajenas a la mayoría de la ciudadanía. Las políticas implementadas desde los ámbitos judiciales y legislativos, más las iniciativas presentadas desde el Poder Ejecutivo, se circunscriben a discusiones dirigenciales y en algunos casos debates académicos solo circunscriptos a los ámbitos judiciales.

No obstante la presencia mediática del tema, hasta ahora no se ha podido cambiar la percepción de los ciudadanos respecto de la justicia. Los ámbitos judiciales continúan siendo espacios reservados a los operadores del sistema (abogados, jueces e integrantes del Ministerio Público) muchas veces inaccesibles o percibidos como ajenos a la vida cotidiana.

La mejor forma de brindar herramientas que permitan consolidar los derechos consagrados constitucionalmente es garantizar el acceso a la justicia de todos los habitantes. Para ello creemos necesario analizar los aspectos de forma exhaustiva, implementando medidas de forma gradual pero con un plan integrador que sea consecuencia directa de la planificación de una política pública que pueda ser susceptible de ser apreciada con indicadores para medir su impacto directo.

Esta publicación en formato de libro digital fue realizada para comenzar con este análisis, como un aporte que intentará disminuir la dispersión de información y sistematizar las acciones llevadas adelante tanto desde el Estado como desde organizaciones no gubernamentales. El trabajo llevado a cabo fue ideado como un diagnóstico teórico práctico de las políticas públicas instrumentadas. Asimismo, se incluyen en el anexo instrumentos internacionales, nacionales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre acceso a la información y a datos útiles de iniciativas vinculadas al tema.

El e-book plantea un abordaje multidisciplinario, iniciando con un análisis teórico que sistematiza orígenes y realiza una evolución del concepto, para continuar con el abordaje de los diferentes roles desde el Poder Judicial planteando algunos ejes que resultan necesarios para el debate. Es un estudio sobre las iniciativas desarrolladas por diferentes organismos estatales tanto nacionales como locales en el marco de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y finaliza con una mirada de algunos actores de la sociedad civil que trabajan el tema.

Esta investigación es representativa del trabajo y la convicción del espíritu de nuestra asociación. Creemos que el incipiente debate sobre acceso a la justicia tiene en este e-book un aporte diferente de una mirada que va más allá de concepto teóricos y que permite colocar el foco en algunas cuestiones que inician el camino para que la construcción de ciudadanía y el desarrollo de políticas públicas se realicen de cara a los ciudadanos.

569585164bf57f8a1e8703b19497bdbc

Prioridad integración

La gestión pública debe tener como norte la efectivización y profundización de los derechos consagrados en la Constitución Nacional. En el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, nuestra ley fundamental profundiza y detalla aún más los derechos que se deben garantizar desde el Estado.

Al decálogo de derechos consagrados en el articulado de la carta magna nacional y los incorporados por los pactos internacionales enumerados en el en el art. 75 inc. 22, la ciudad garantiza expresamente, el acceso a la justicia y el beneficio de litigar sin gastos (art. 12 inc. 6). Adicionalmente, en el título segundo, Políticas especiales, entre otras, se destacan: las políticas sociales activas en contra de la pobreza (art. 17); el desarrollo humano y económico equilibrado (art. 18); el derecho a la salud integral (art. 20); a la educación (art. 23); al hábitat (art. 31). En este sentido, los derechos allí consagrados propenden integralmente al desarrollo pleno de los habitantes de la ciudad.

Uno de los desafíos más complejos afrontados en la etapa autonómica ha sido la cuestión habitacional. Frente a esto, y en particular respecto de los asentamientos precarios ubicados en la ciudad, se han implementado programas tendientes a la integración de estos barrios al ejido de la ciudad. Ello implica trascender la mera construcción de viviendas e infraestructura e ir a un planteo integrador tanto desde lo social como desde lo físico o arquitectónico, incorporando la regularización dominial, la promoción de actividades comunitarias, el acceso a los servicios básicos, los mecanismos de participación de los beneficiarios, la promoción de actividades económicas, etc., es decir todas aquellas acciones que promuevan la integración social y física.

Asimismo, una de las obligaciones en cabeza del estado local es propender a la eliminación de las diferencias tanto territoriales, económicas o de acceso a los servicios. Una política activa de verdadera integración de los sectores más vulnerables requiere compromiso del Estado en su conjunto y en este punto la acción de la justicia ha sido muchas veces correctiva de situaciones especiales que requerían una atención más inmediata para evitar la vulneración de derechos. La complejidad del entramado social hace que se requieran soluciones específicas y dinámicas para dar una pronta respuesta a las necesidades que se presenten.

Comprometidos con estos principios en los últimos días hemos presentado un proyecto para conformar la “Secretaría de Población en Asentamientos Precarios” una oficina especializada que prestará asistencia técnica, asesoramiento y colaboración a los Juzgados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario que dependerá de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario. Será su función intervenir en todas aquellas causas que involucren a grupos vulnerables que vivan en asentamientos barriales precarios.

Este proyecto tiene tres opciones para la asignación de causas futuras. Estas son: el sorteo entre todos los juzgados del fuero, la asignación de competencia territorial especifica en cada uno de los asentamientos a un juzgado o el sorteo de las causas entre los nuevos juzgados. Inicialmente, la propuesta fue presentada a un representante del movimiento de curas villeros, cuyo trabajo cotidiano en estos barrios es socialmente reconocido, con el objeto de iniciar una ronda de dialogo con los representantes de estos asentamientos a los fines de comenzar el proceso para arribar a un consenso para la implementación de esta nueva instancia.

La inclusión formal de esta temática en la estructura judicial tiene por objetivo dotar de una instancia especializada e interdisciplinaria a fin de brindar a la ciudadania una mejor calidad del servicio público de justicia, con políticas activas que propendan a la efectiva garantía consagrada en la Constitución local en cuanto acceso a la justicia y en definitiva a la integracion de nuestra sociedad.

4251dec72b18ac89643edfb7a8300016

Dos modelos diferentes de justicia

Dos modelos, uno propicia el control de los jueces, el otro garantiza la independencia judicial

Una de las primeras iniciativas del Gobierno de Carlos Menem respecto de la justicia fue la ampliación de la Corte Suprema. En abril de 1990, diputados convierte en ley la ampliación del Tribunal Supremo llevando de 5 a 9 miembros su composición y generando, mediante estos 4 miembros nuevos y la cobertura de vacantes generada por las renuncias, lo que se dio en llamar la mayoría automática. El fundamento formal de esta modificación fue la necesidad de agilizar el tratamiento de la numerosa cantidad de causas que llegaban a esa instancia. No obstante, la designación de abogados afines y, en algunos casos, sin los antecedentes necesarios para la alta magistratura, generó una desconfianza que terminó confirmándose mediante decisiones que favorecieron al poder político, refrendando las políticas neoliberales impulsadas por esa Administración.

Posteriormente, mediante la reforma constitucional del 94, con la creación del Consejo de la Magistratura a nivel nacional, se pretendió incorporar constitucionalmente un organismo que se coadyuvara a la profesionalización de la gestión judicial, agilizando y relativizando la influencia política en la designación y remoción de magistrados. Este nuevo organismo compartiría, en adelante, la responsabilidad de llevar adelante la política judicial en conjunto con la Corte Suprema.

En el año 2003, con un proceso de juicio político para con la mayoría de los miembros de la ampliada corte de los 90, mediante renuncias y destituciones, se producen seis vacantes en los miembros de la corte. Paralelamente, se modifica el procedimiento de designación de los futuros ministros de la CSJN con el dictado del decreto N° 222/2003, que marca el comienzo de un proceso de selección más transparente y participativo en la elección de los miembros del máximo tribunal. A partir de allí, el máximo tribunal cuenta con 7 miembros, 4 de los cuales fueron designados por este nuevo mecanismo.

Lamentablemente, el proceso de transparencia en las designaciones de los miembros del máximo tribunal no se ha visto trasladado al resto de las iniciativas que últimamente se han llevado adelante por el ejecutivo nacional. Principalmente, mediante el control consolidado luego de la última reforma realizada al Consejo de la Magistratura, el gobierno nacional pretende mejorar el control en la selección de los jueces y las eventuales destituciones que pudieran servirle.

En esta línea, en el último tiempo y a raíz de fallos que no fueron satisfactorios respecto de sus pretensiones, desde el oficialismo se ha iniciado una campaña de cuestionamientos hacia el Poder Judicial con el pretexto de iniciar un debate sobre la necesidad de democratizar la justicia. Mediante mecanismos de presión mediática y declaraciones públicas de altos funcionarios y referentes sociales se pretende influenciar el accionar de los magistrados y funcionarios judiciales para generar la legitimación judicial de las políticas adoptadas desde el seno del poder.

En contraposición a esto, se encuentra el modelo de la ciudad, con un Consejo de la Magistratura equilibrado, con representación igualitaria de los abogados, los jueces y el poder político, a través de los representantes del Parlamento local. En los próximos meses se concluirá el proceso de designación de jueces, fiscales y defensores de ambos fueros, los cuales fueron seleccionados mediante un concurso de oposición y antecedentes transparente, de cara a la sociedad, que concluyó con un orden de mérito elevado a la Legislatura. Una diferencia sustancial respecto del modelo nacional, es el rol reservado al ejecutivo, quien en la ciudad no posee intervención ni en la selección ni en la designación de magistrados, con la reserva, constitucionalmente prevista, de proponer los miembros del Tribunal Superior de Justicia y las responsables del ministerio público, quienes, luego de pasar por una audiencia pública, son finalmente designados por el Poder Legislativo.

Sobre estas bases es que creemos que se debe encarar este debate, el cual resulta necesario para mejorar la calidad del servicio público de justicia. Lamentablemente, el contexto y las formas en las que se pretende incorporar en la agenda esta temática parecería encontrarse más vinculada con cuestiones políticas coyunturales y una necesidad de legitimación judicial de algunas iniciativas controversiales que con la verdadera responsabilidad política con la que se debe encarar una propuesta sobre uno de los temas que resulta relevante para la construcción de una sociedad más justa.

Tiempos de integración en América Latina

La integración de América Latina es uno de los temas de agenda internacional de esta época. En un mundo globalizado en el que cada día son más importantes las relaciones que se desarrollan tanto entre países como entre regiones, es primordial establecer lazos para la consolidación de las economías, y el intercambio de productos requeridos. Estas nuevas instancias generadas hacen que se hayan superado las antinomias generadas entre países desarrollados y en vías de desarrollo o las divisiones norte- sur, fomentando regionalismos que permitan optimizar las potencialidades.

Otro abordaje que también resulta necesario analizar es la incorporación de nuevos actores. El derecho internacional clásico analizaba o bien relaciones entre estados o relaciones entre privados. En la actualidad el modelo de red y de cooperación internacional incluye organismos supranacionales, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales, multinacionales y empresas multinacionales que siempre se ajustan a los parámetros clásicos. Desde el derecho también es necesario comenzar a analizar las implicancias de cada uno de estos actores y las repercusiones que sus acciones conllevan.

En el nuevo esquema global, la apertura de mercados y la profundización de relaciones comerciales con países otrora desconocidos generan una oportunidad antes impensada. En la actualidad, las relaciones comerciales se han manifestado como la punta de lanza en el inicio de un esquema de cooperación internacional en general y regional en particular. No obstante la visión que circunscribe el nuevo modelo de integración al intercambio comercial resulta limitante. La posibilidad de ampliar estas incipientes relaciones o profundizar las existentes a otros campos es el próximo desafío.

Desde nuestro lugar esperamos incluir aspectos más complementarios con intercambios culturales a través de convenios de cooperación con instituciones públicas o privadas de otros estados, que permitan abordajes conjuntos de problemáticas comunes de la región son el próximo desafío de los estados y de quienes, como nosotros confiamos en la integración de los Estados y de los pueblos en pos de una mejor calidad de ciudadanía en el mundo global.

El futuro que no viene, el pasado que se fue

Durante años los abogados debatimos y construimos una propuesta en torno a lo que podría llamarse “el movimiento colegialista”, de este modo se encauzaron todas las acciones para lograr lo que hoy conocemos como colegiación obligatoria. Esto que para nosotros parece un debate distante y olvidado, es en definitiva el centro de una controversia que durante años dividió a la abogacía de nuestra ciudad.

La realidad social es un tema de todos. La construcción de ciudadanía también

Sabemos que haría falta cambiar muchas cosas para mejorar en la situación en las zonas más vulnerables de la Argentina, y aunque muchas cosas se han hecho, mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad es una tarea que supera lo utópico e implica el compromiso ciudadano para indicar cuáles son los problemas y las posibles soluciones, y reclamar la aplicación de las mismas.

Leer editorial

Segundo centenario o bicentenario

Dentro de pocos días se conmemorarán los primeros doscientos años de lo que se denominó Primer Gobierno Patrio. Recordaremos que un grupo de “patriotas” hizo una Revolución para que abdique el Virrey y asuma una Junta representativa del Puerto en nombre del Rey de España. Desde ese momento es todo confuso.


Leer editorial