Sobre la legitimidad de la movilización estudiantil frente al incumplimiento de la Ley de Financiamiento.
I. La política no empieza en el gobierno
Existe una tendencia extendida —y conveniente para quienes detentan el poder— de reservar el calificativo despectivo «político» para las manifestaciones populares que se opongan a una decisión de gobierno. De este modo la protesta social es clasificada como desorden, corporativismo o simple presión de intereses. Esta distinción es, en sí misma, un ejercicio de poder.
La marcha universitaria es, sin ninguna duda, un acto político: no solo por salir a la calle, sino precisamente por el hecho de expresar su descontento sobre una política llevada adelante por el gobierno.
Cuando miles de estudiantes, docentes y trabajadores no docentes se movilizan en defensa del presupuesto universitario, están tomando partido en un conflicto que es esencialmente político: el conflicto sobre cómo el Estado distribuye los recursos públicos, qué prioridades establece y a quiénes les reconoce derechos. Negar el carácter político de esa acción equivale a negar que el recorte presupuestario también lo sea.
Toda decisión sobre el presupuesto público es una declaración de valores. El recorte a las universidades no es una medida técnica: es una elección política con nombre y apellido.
II. El recorte como acción política del gobierno
Para comprender la marcha universitaria es indispensable caracterizar primero el acto que la provoca. La reducción del presupuesto nacional destinado a las universidades públicas, y el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, no son hechos neutros ni inevitables, son decisiones políticas tomadas por actores con poder de decisión.
La Ley de Financiamiento Universitario establece una obligación concreta del Estado: garantizar recursos suficientes para el funcionamiento académico, el salario digno de los docentes y el mantenimiento de la infraestructura. Cuando el Ejecutivo decide no cumplirla —ya sea por veto, por omisión presupuestaria o por la lógica del ajuste fiscal—, está ejerciendo una política activa. No se trata de una carencia sino de una dirección: se elige dónde recortar y dónde no.
El argumento del equilibrio fiscal, utilizado frecuentemente para justificar estos recortes, no escapa de su carácter político. Detrás de toda austeridad hay una jerarquía: qué deuda se paga, a quién se le garantizan contratos, qué sectores reciben subsidios. La universidad pública queda en el escalón más bajo de esa jerarquía no por razones matemáticas, sino por razones de poder.
III. La marcha como contrapoder legítimo
En una democracia, la política no se agota en las instituciones formales. El Congreso, el Ejecutivo y el Poder Judicial constituyen una arena institucional de lo político, pero no la única. La calle, la plaza pública, la huelga y la manifestación son formas históricas y legítimas de hacer política: son los mecanismos mediante los cuales las mayorías sin acceso al poder formal hacen escuchar su voz.
La marcha universitaria se inscribe en esa tradición. Cuando el gobierno toma una decisión política que vulnera un derecho adquirido —el derecho a la educación pública, gratuita y de calidad—, la movilización popular es la respuesta política natural y democráticamente válida. No es un capricho corporativo: es la sociedad ejerciendo su soberanía fuera del ciclo electoral.
Aquí radica la simetría esencial que este ensayo defiende: si el recorte es una acción política del gobierno, la marcha es una acción política de la sociedad. Ambas se ubican en el mismo plano de la disputa por el sentido del Estado. Pretender que una es «política» y la otra es «presión» o «desestabilización» es asumir que sólo quien gobierna tiene derecho a definir el rumbo.
La plaza no es la antítesis de la democracia. En muchas ocasiones, es su expresión más genuina.
IV. El incumplimiento de la ley y la ruptura del pacto democrático
Existe una dimensión adicional que eleva la legitimidad de la marcha universitaria: el incumplimiento de la ley. Cuando el Estado viola una norma vigente —en este caso, la Ley de Financiamiento Universitario—, no estamos ante un desacuerdo político ordinario entre visiones diferentes. Estamos ante una ruptura del pacto democrático.
Las leyes en una democracia son el producto de la voluntad popular expresada a través de sus representantes. Son el contrato que la sociedad se da a sí misma. Un gobierno que incumple ese contrato no puede exigir obediencia institucional mientras viola la institucionalidad. La movilización, en ese contexto, no sólo es legítima: es necesaria.
La historia argentina —y latinoamericana en general— está atravesada por este patrón: leyes que garantizan derechos quedan en letra muerta ante la presión del ajuste. La única garantía real de esos derechos ha sido, sistemáticamente, la organización y la movilización popular. La marcha universitaria no desconfía de las instituciones: las defiende frente a quienes las vacían de contenido.
V. La universidad pública como bien político, no solo educativo
Reducir el debate a una disputa presupuestaria entre sectores es empobrecer lo que está en juego. La universidad pública no es sólo un servicio educativo: es una institución política en el sentido más profundo del término. Forma ciudadanía crítica, produce conocimiento independiente del mercado, garantiza movilidad social y constituye un proyecto de Nación que trasciende cualquier gestión de gobierno.
Desfinanciar la universidad pública es, por tanto, atacar ese proyecto. Y defenderla —en la calle, con el cuerpo, con la voz— es también defender ese proyecto.
La marcha universitaria es la política educativa que surge desde abajo, en contraposición a la política educativa que se decide en los despachos ministeriales al ritmo de los organismos de crédito internacional.
Esta es la dimensión más profunda de la contraposición que da título a este ensayo: no es simplemente «marcha contra recorte». Es una concepción del Estado, de los derechos y del futuro colectivo enfrentando a otra concepción, aquella que reduce al Estado a su mínima expresión y transforma los derechos en privilegios para quienes pueden pagarlos.
La marcha universitaria es un acto político porque responde a un acto político. No hay asimetría en esa afirmación: ambas —la movilización y el recorte— son formas de ejercer poder y de disputar el sentido del Estado. La diferencia reside en que una parte de esa disputa tiene en su contra la correlación de fuerzas institucionales, los recursos del aparato estatal y la inercia del poder; y la otra sólo tiene la legitimidad de los derechos, el número de las personas y la fuerza de la razón.
En democracia, eso no es poco. Es, de hecho, el fundamento de toda política que merezca ese nombre.