La institución “Juicio por Jurados” responde a una necesidad jurídica, política y social que es imposible soslayar en los inicios del siglo XXI. Esta necesidad se funda en diversos hechos caracterizados, por un lado, en los antecedentes históricos del derecho positivo argentino (fundamentalmente los de raigambre constitucional), y por el otro en el sentimiento generalizado que el actual sistema de administración de justicia, en todos sus niveles, no refleja con amplitud los deseos sociales de dar cumplimiento con el mandato del Preámbulo de nuestra Carta Magna de “afianzar la justicia”.