La compleja realidad social y económica que atraviesan los diversos grupos postergados en nuestro país, plantea con mayor frecuencia problemáticas respecto de su operatividad y exigibilidad judicial. Ello se traduce en el planteo ante los tribunales de casos donde la pretensión instaurada pareciera enfrentar a los jueces con la obligación de ordenar a la administración la implementación de una determinada política a fin de satisfacer o restablecer el derecho conculcado. Aparecen nuevas formas de intervención judicial propias del “litigio de reforma estructural”. La complejidad en la tramitación de dichos procesos alertan sobre la necesidad de su pronta estandarización y regulación.