Por Martín Gershanik
La aprobación por parte del Congreso Nacional del tercer convenio de transferencia de delitos (Ley Nº 26.7021) a la ciudad de Buenos Aires es un avance significativo en la autonomía local. Si bien está pendiente la aprobación por parte de la Legislatura de la Ciudad para que este convenio tenga plena operatividad, es un momento oportuno para señalar algunas cuestiones que deben tenerse en cuenta antes que ello sea una realidad.