Por Santiago Del Carril
La Justicia, tradicionalmente, se preocupó en el dictado de sentencias en los casos particulares, en cómo dirimir las contiendas entre los particulares, y no se pensó como parte de un Estado, como un organismo político institucional que, además de ello, debía asumir la responsabilidad de lograr un efectivo acceso a la Justicia. Por ello, le cuesta generar acciones concretas para paliar las trabas que excluyen a muchos habitantes sin capacidad de acción jurídica ni de dirimir sus conflictos institucionalmente. En este artículo, se plantea los modos de articular esfuerzos desde el Estado y desde la sociedad en la provisión de un derecho, como es el de dirimir los conflictos; esto es, abrir espacios de diálogo entre el Poder Judicial y sociedad. Esto supone repensar los mecanismos en que este poder del Estado se vincula con el conjunto del tejido social; repensarse como constructor de políticas públicas en clave de las redes sociales y el fortalecimiento de la gobernanza.