Promediaba el tórrido Enero del 2002 y a pedido de una amiga de iniciales B.M.C. inicié una acción de amparo contra el PODER EJECUTIVO NACIONAL solicitando la declaración de nulidad del decreto 1570/01 y las Resoluciones del Ministerio de Economía que lesionaban, restringían y alteraban con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta derechos y garantías contemplados en la Constitución Nacional, especialmente el de propiedad (art. 17 CN).