Al pensar en el acceso a la Justicia la primera idea que se presenta es aquella relativa a la gratuidad del proceso. Este concepto, nacido en los albores de la modernidad republicana, pretendía garantizar que todos los ciudadanos pudieran recurrir a una instancia judicial que se encontrara garantizada desde el Estado, quien actuaba en última instancia como salvaguarda y guardián de los derechos. Esta garantía de justicia se encontraba también dentro de las funciones primordiales e indelegables del Estado.