Colaboraciones

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Algunas reflexiones sobre el procedimiento de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Ley 1217

Estas reflexiones surgen con motivo del Concurso que se llevó a cabo para cubrir los puestos de Controladores Administrativos de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco del Decreto Nro. 494/GCBA/12, el que concluyó recientemente. En este marco, profundizando el estudio de la ley y de la experiencia  adquirida de su aplicación diaria en el ejercicio del cargo, hemos advertido la conveniencia de sugerir que se realicen algunas modificaciones a la Ley de Procedimiento de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, circunscribiéndonos en el presente al Título I “Procedimiento Administrativo de Faltas.

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29 de Agosto – Día del Abogado

Celebramos el día del Abogado en homenaje a Juan Bautista Alberdi, un gran pensador argentino nacido el 29 de agosto de 1810.

Autor de las “Bases y puntos de partida para la organización política de la Confederación Argentina”, obra de gran valor para el dictado de la Constitución de 1853, su legado fue pleno de civismo. Además fue un gran luchador por la Paz y el sistema republicano, aunque ello le costara persecuciones y el destierro.

Nuestro deseo de felicidades a todos los abogados en su día, considerando esta fecha como una buena ocasión para redoblar nuestros esfuerzos en el imperio del derecho, la justicia , la libertad, y los derechos individuales, este es nuestro compromiso.

Asociación Civil URBE ET IUS
“Construyendo ciudadanía”

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Ética, deporte y doping, hoy

Hoy la ética tiene una gran importancia en el estudio del deporte como práctica social y humana relativa al cuerpo de la mujer y el hombre modernos. La ética del deporte presenta diferentes perspectivas que pueden ser sociales, filosóficas, pedagógicas y médicas. La ética del deporte se sitúa en una encrucijada de problemas que la ciencia médica contemporánea, comprendida como una ciencia que se configura como un sistema integrado, dirigido al cuidado y la protección de los seres humanos, basado en saberes y conocimientos bio-humanisticos de carácter teórico y práctico, estudia de manera íntegra, a través de una visión no fragmentada o reduccionista y parcial de los fenómenos.

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Acceso a la Justicia y Derechos Humanos

Buenos Aires, Argentina.- He sido invitado por el Consejo de la Magistratura de esta magnífica ciudad, es decir, por los jueces bonaerenses, a participar, junto con colegas de Brasil y Ecuador en una reflexión conjunta sobre en el tema “Acceso a la justicia y derechos humanos”. Dicha reflexión tuvo verificativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, donde por cierto fuimos recibidos por su Decana, la Dra. Mónica Pinto.

Anfitriones de este interesante evento fueron los doctores Hugo Corti y Juan Sebastián De Stefano. El primero, a partir del pasado viernes, Defensor General del Ministerio Público y, el segundo, Consejero del Consejo de la Magistratura. El responsable de la organización fue el activo Pablo Villaruel, quien también ha sido clave en la colaboración académica de los jueces de Buenos Aires en los trabajos del Proyecto IR&RI (Individual Rights and Regional Integration), financiado por la Unión Europea y que ha producido, entre otros frutos, la publicación, apenas hace unos día en su versión electrónica, del “Diccionario Analítico de Derechos Humanos e Integración Regional”. Trabajo único en su género por reunir el pensamiento de juristas del continente europeo y americano sobre dichas materias. Clave de este último esfuerzo, ha sido nuestro querido amigo y brillante profesor italiano, Roberto Cippitani, de la Universidad de Perugia.

Es en el marco de este esfuerzo interdisciplinario de juristas, teóricos y aplicadores del Derecho de Alemania, Argentina, España, Chile, Inglaterra, Italia, Perú y México es que surge, entre otras, la reflexión sobre dos de los temas más complejos y urgentes de las democracias y Estados de derecho modernos, a saber, el acceso a la justicia y el respeto a los derechos humanos.

En efecto, referirse al acceso a la justicia implica reflexionar respecto de las posibilidades reales de que los gobernados gocen, en los problemáticos entornos de democracias en vías de consolidación y balbuceantes cultura de la legalidad y la civilidad, de una garantía que les permita acceder, en forma individual o colectiva y en condiciones de igualdad, al sistema de medios de protección por virtud de los cuales las instituciones del Estado deben prever, amparar y sancionar, eficazmente, cualesquier actos u omisiones que pudieran vulnerar o vulneren los derechos humanos fundamentales reconocidos por el derecho nacional e internacional.

Lo anterior significa que el acceso a la justicia es, en sí mismo, un derecho humano fundamental que, al estar regulado por la mayoría de las constituciones políticas y los tratados internacionales, constriñe a los Estados modernos a realizar un esfuerzo mucho más integral y eficiente.

Y es que la exigencia actual, en la aplicación del principio de progresividad a los derechos humanos, es que no basta que los Estados procuren una garantía aislada de defensa ante los tribunales por posibles violaciones a derechos humanos, como sucedía en los años 90 en México, con la sola existencia del juicio de amparo. Uno que fue apagando su eficacia ante el paso de dificultades políticas y sociales que terminaron conviertiéndolo en un medio elitista, de acceso costoso y prácticamene ineficaz para la gran masa de ciudadanos mexicanos que padecían (y aún padecen, desafortunadamente) sistemáticas violaciones a sus derechos fundamentales. Patético panorama que han documentado, por su gravedad y alcance, los trabajos de distintas organizaciones gubernamentales y organismos internacionales de derechos humanos.

Hoy en día la mayor parte de los Estados democráticos han ido construyendo este sistema de medios individuales y colectivos (las famosas class action, verbigracia) de defensa contra las cada vez más sofisticadas formas de vulneración a los derechos humanos y que pasa no sólo por el trabajo de los tribunales (vía juicio de amparo, acciones de insconstitucionalidad y habeas corpus, entre otros) sino por el de los organismos no jurisdiccionales (comisiones de derechos humanos, defensorías del pueblo, etcétera) cuya eficacia, y he aquí la complejidad del problema, depende tanto de circunstancias intrínsicas (la calidad del trabajo de los encargados institucionales de esos medios de protección y del sistema jurídico mismo) como y, sobre todo, extrínsecas. Es decir, los niveles de desarrollo social, político y económico sin los cuales el acceso a la justicia resulta prácticamente imposible.

Dura y difícil misión en la que al menos la justicia de la Ciudad de Buenos Aires ya está empeñada.

EL PESO DE LA PLUMA/ m.alvarezledesma@yahoo.com.mx

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Intervencionismo estatal y cooperativas chinas

Comprender la lógica del cooperativismo chino y sus relaciones con el estado obliga a sumergirse en arista culturales de una población milenaria, lo que no es fácil; no existen fuentes de información sobre estos procesos, explicarlo siempre será un proceso incompleto.

Hasta el S. XIX dominó en este país un colectivismo tradicional que reunía diferentes modelos de trabajo colectivo agrícola y prestación de servicios mutuos rurales. El derecho de asociación comienza a operar en 1908 con el último gobierno de la Dinastía Qing pero fue luego de derrotada esta dinastía, con la constitución de una república en 1911, cuando la Constitución Interina concede plenos derechos de asociación a los ciudadanos y protección legal para el desarrollo de numerosas ONGs. No fue sino a partir de la segunda década del S. XX cuando misioneros cristianos con programas de promoción y financiamiento internacional, introducen un cooperativismo al estilo europeo, promoviendo cooperativas rurales en varias provincias, destacando las de crédito durante los 20s, y las de trabajo asociado industrial en los 30s y 40s.

El régimen nacionalista del Kuomintang asumió al cooperativismo como instrumento útil para combatir al comunismo y muchas cooperativas dejaron de ser participativas para servir a los intereses políticos o a los privados de determinados empresarios. Con el triunfo de Mao Tsé-tung y la fundación de la República Popular de China en 1949 el gobierno comunista adopta distintas políticas hacia estas organizaciones, se ratifica la libertad de asociación pero sólo a aquellas que no amenacen la seguridad estatal, prohibiéndose las organizaciones creadas y respaldadas por el previo gobierno nacionalista. Finalmente las organizaciones del tercer sector fueron absorbidas por el sistema político y los sindicatos se volvieron pro-gubernamentales.

En el sector rural la Unión de Campesinos se volvió irrelevante después de una reforma agraria que dio lugar a un sistema de comunas que intentó integrar la industria pesada con la agricultura (1958). En un país con el 11% de la tierra cultivable, se distribuyeron 47 millones de hectáreas entre 300 millones de campesinos. Según Jorge Coque, profesor de la Universidad de Oviedo, cuatro fueron las fases en el impulso a ese sistema: 1.- Creación de pequeñas asociaciones temporales de ayuda mutua entre familias pobres: trabajo colectivo y propiedad privada de la tierra; 2.- Unificación de la tierra en grupos de 30-40 familias con una superficie media de 32 hectáreas: trabajo colectivo, reparto de excedentes proporcional a las aportaciones de activos, y conservación de la propiedad privada; 3.- Cooperativismo integral formado por unidades de 100 a 2.000 familias con propiedad colectiva de la tierra y medios de producción con pago a los campesinos de los activos aportados a las cooperativas; distribución de excedentes según el aporte de trabajo; asignación y mantenimiento de una pequeña propiedad privada para el consumo familiar; y 4.- Integración de treinta cooperativas por comuna en promedio, para conectar la producción agraria con la industrial, tecnificar el campo y mejorar las condiciones de vida.

En los 70s, más de 800 millones de personas, el 98% de los habitantes rurales, se había organizado en 52.000 comunas divididas en seis millones de equipos de trabajo. Desde 1978, con la política de la desreglamentación gubernamental o “economía de puertas abiertas” en paralelo con la planificación centralizada, se inicia la desintegración del sistema de comunas y se crea un ambiente relativamente favorable para las cooperativas.

Sobre este proceso acota Coque: “El sistema de comunas se desmanteló con el objetivo de mitigar la falta de alimentos. Las familias se convirtieron en la unidad principal de producción y la agricultura se liberalizó parcialmente. A mediados de los 80, el 80% de las familias rurales estaban asociadas a 35.000 mil cooperativas de aprovisionamiento y comercialización. A la vez, aparecieron múltiples cooperativas de artesanos, seguidas por las industriales, 17.000 unidades con 3 millones de asociados trabajadores, recogiendo una parte del legado dejado por los programas de promoción previos al régimen comunista. A mediados de los 90, los datos anteriores se habían reducido a 30.000 cooperativas de diverso tipo con 60 millones de asociados”. A finales del pasado siglo, China tenía el mayor cementerio cooperativo del mundo, superado solo en dos años, 2003 – 2005, por el gobierno venezolano actual.

Continúa Coque: “No obstante, el pragmatismo asiático y la estrategia maoísta indujeron importantes diferencias respecto a la cooperativas soviéticas. La implantación de organizaciones colectivas rurales se basó en una necesidad clara. A diferencia de otros países pobres, la reforma agraria no tenía como objetivo repartir latifundios entre la población desfavorecida, sino la distribución equitativa de tierra y alimentación en un país superpoblado. Fue más gradual y planificado, y consiguió atraer a diferentes estratos sociales. Llegó más lejos, hasta un masivo colectivismo integral estructurado en redes. En definitiva, obtuvo niveles de participación superiores, pues se basó en cierta medida en el cooperativismo tradicional con un breve barniz de los misioneros cristianos. Además, la vastedad y heterogeneidad del país dificultaron que el partido comunista controlara las comunas más alejadas del centro”.

Desde hace casi 60 años hasta el actual momento destacan en ese país sus más de 40.000 cooperativas de crédito rural con el 12 % del total de los ahorros del sector financiero; también las productoras de algodón con sus 50 millones de participantes en áreas que superan los 6 millones de hectáreas. En todo caso, valdría la pena preguntarse si ese alto número de cooperativas se corresponde con una alta calidad humana y organizacional con preceptos cooperativos; el ser impulsadas por el gobierno y no por necesidades y voluntarismo de los asociados, unido ello a la injerencia del partido comunista y al peso de los mecanismos estatales así como a la baja democracia y participación interna, hace pensar que numerosas son pseudo-cooperativas, falsas cooperativas en otras palabras.

Prof. Oscar Bastidas-Delgado (UCV)
 oscarbastidasdelgado@gmail.com
@oscarbastidas25

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Principio de prevención y resocialización de la pena

La problemática sobre la teoría de la pena es muy compleja, pues ha ocupado y ocupa a la filosofía y a la teoría del Estado desde los orígenes mismos del Derecho penal . Desde el punto de vista valorativo, los fines de la pena son inseparables del mundo de las ideas, porque en definitiva, también el delito es un fenómeno espiritual.

Por Jorge Antonio Sánchez De La Cruz
(UNMSM)

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