En los últimos años, el clásico rol del Poder Judicial se amplió con la incorporación del concepto de gobierno judicial agregando a su función jurisdiccional, de resolución de conflictos y defensa de derechos, las de administración y planificación de políticas públicas.
En este contexto, uno de los desafíos más importantes del sistema judicial argentino, se encuentra vinculado al acceso a la justicia y su relación con la sociedad; tendiendo de este modo a recuperar la confianza en el Poder Judicial brindando un mejor servicio de justicia igualitario para todas las personas.
Es a partir de la década de 1950, que el derecho internacional de los Derechos Humanos, recepta y reconoce el concepto de acceso a la justicia incorporado en los instrumentos internacionales regulándolo en el art. 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), el art. 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969), y el art. 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos entre otros.
Ahora bien, a fin de adentrarnos en la problemática y sus posibles soluciones resulta necesario definir ¿a qué nos referimos cuando hablamos de “acceso a justicia”?
En un sentido amplio, se trata de los inconvenientes de accesibilidad que se presentan en cuanto a la posibilidad, real y concreta, de hacer efectiva la pretensión de solucionar los conflictos, o la reivindicación de derechos vulnerados.
La temática del acceso a la justicia, alcanza a toda la población en general, como también a los diferentes sectores en particular; y especialmente a aquellos con menos recursos; ya que las dificultades de accesibilidad al sistema judicial en términos de: costos, tiempos de demora, necesidad de información sobre derechos -cómo y dónde hacerlos valer- se presentan como mayores obstáculos más difíciles de sortear para aquellos más desprotegidos.
En este sentido, el acceso a la justicia aparece como un derecho humano fundamental necesario para garantizar el derecho al desarrollo de las personas, ya que como sostiene el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD): “la ausencia de recursos y la desprotección de los derechos son dos carencias que se potencian”; y tanto en América Latina como en nuestro país, esto cobra una importancia e impacto relevantes debido a la gran cantidad de personas con bajos ingresos y niveles educacionales.
En consecuencia, teniendo en cuenta la importancia del tema y su impacto, es que se puede afirmar que la falta de acceso a la justicia es uno de los mayores problemas de nuestro sistema judicial, y urge su incorporación en las reformas pendientes a la administración de justicia para poder contar con una justicia igualitaria para todas las personas sin ningún tipo de distinciones.
Juan Sebastián De Stéfano, Consejero del Consejo de la Magistratura de la CABA y autor del libro “Acceso a la Justicia: análisis y perspectivas de los nuevos desafíos”.
Publicado en Diario BAE, Suplemento Judicial, 9 de abril de 2013.
Juan Sebastián De Stéfano, Consejero del Consejo de la Magistratura de la CABA y autor del libro “Acceso a la Justicia: análisis y perspectivas de los nuevos desafíos”.
Publicado en Diario BAE, Suplemento Judicial, 9 de abril de 2013.