Por Juan Sebastián De Stefano
La violencia instalada en todos los ámbitos se está manifestando con situaciones de extrema crueldad en las relaciones interpersonales y las mujeres son las víctimas principales.
Estos actos criminales caracterizados por una enorme crueldad están revelando la dimensión que tiene la violencia de género en nuestra sociedad.
La Argentina cuenta con normas que brindan herramientas para prevenir y atender adecuadamente las situaciones de violencia de género, sin embargo no se han convertido en políticas públicas concretas.
Hoy es urgente escuchar el llamado de atención la ciudadanía, que participa activamente porque desea vivir en una comunidad donde el Estado garantice sus derechos.
El tema ya es lo suficientemente grave como para dejar de ser un debate entre especialistas o dirigentes. Estamos ante un reclamo que ubica a la violencia de género en un lugar prioritario de la agenda, para lo cual habrá que redoblar los esfuerzos en la implementación de políticas públicas innovadoras de los servicios de atención, la prevención y el asesoramiento, con los presupuestos suficientes. Porque lo realizado hasta ahora parece no haber sido suficiente, más allá de las consignas.
Los motivos por los que las personas se relacionan de una manera violenta merecen una atención principal para prevenir y detectar a tiempo. Pero ante los hechos consumados, tenemos el desafío de optimizar los mecanismos de acceso a la justicia, que son una herramienta fundamental para reparar el daño realizado, en los aspectos físicos, psicológicos y patrimoniales.
Prevención y acceso a la justicia son los ejes de las políticas públicas contra la violencia, un camino más hacia la construcción de ciudadanía por la que trabajamos, que es mucho más que un concepto teórico, es el desarrollo de políticas públicas realizadas de cara a los ciudadanos y en respuesta a sus demandas.