#Ni una menos, por el fin de la violencia.

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  El femicidio de Chiara Páez, fue el disparador de la convocatoria, que indignó por lo cruel, pero no por novedad, ya que hechos similares se repiten cotidianamente.

Ante este caso conocidas periodistas, con cierta repercusión en redes sociales,  tomaron la iniciativa de manifestarse el 3 de junio y lograron un enorme acompañamiento, mayor del que ellas hubieran esperado. Así se puso en evidencia la gran conciencia social sobre la verdadera dimensión de la violencia que hay entre nosotros y que afecta particularmente a las mujeres.

Si bien son mujeres las que convocan, es importante destacar que la responsabilidad de la eliminación de la violencia corresponde a la sociedad en su conjunto. Por eso la repercusión mediática debería tener también una repercusión política. Es decir, que se convierta en decisiones contundentes por parte de quienes tienen responsabilidades específicas por mandato de la ciudadanía (en legislaturas y cargos ejecutivos), como funcionarios públicos de salud, seguridad, de educación, también aquellos que deben sancionar correctamente cuando se presume o se concreta un acto violento (funcionarios judiciales). Para las estadísticas oficiales no parece ser un tema digno de registrar, se desconoce la real dimensión de este tipo de crímenes, a pesar de que el femicidio ya está tipificado en nuestro Código Penal, ley  26.791/12.

La violencia contra las mujeres es un problema local, en 1979 la Asamblea General de Naciones Unidas  aprobó la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer  (CEDAW), a la que nuestro país adhiere por mandato constitucional. Además en 2013 la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer (CSW) de Naciones Unidas estableció como tema prioritario la eliminación y prevención de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas, avanzando en la necesidad de tipificar el delito que describa adecuadamente el asesinato de mujeres basado en razones de odio, desprecio, y relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, así como los altos índices de impunidad.

Argentina cuenta con una buena legislación en materia de igualdad de género y para prevenir la violencia. La ley 26.485 (2009) es una noma que expresa con mucha claridad los diversos tipos de violencia que se pueden ejercer contra las mujeres, define los organismos públicos responsables y las políticas públicas necesarias en todos los niveles de gobierno, para revertir la violencia que viven las mujeres en nuestro país. Solo hace falta reglamentarla en su totalidad y cumplirla.

Pero las normas, aun las mejores, no cambian la realidad por su mera existencia. Hace falta que se conviertan en acciones concretas a través del diseño, implementación y financiamiento de políticas nacionales y provinciales acertadas. Para ello la legislación contra la violencia debe estar acompañada de la voluntad política que asigna recursos humanos, técnicos y presupuestarios para prevenir, atender a las víctimas y sancionar a los responsables.

Vivir una vida libre de violencia es un derecho que la sociedad en su conjunto debe defender en todos los ámbitos. La posibilidad de expresarlo en un espacio público, es el 3 de junio, la las 17 en la plaza Congreso.

 

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