Artículo Juicio a las Juntas

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Por Juan Sebastián De Stefano

Se cumplen 30 años del juicio más trascendental de nuestra historia por la violación los derechos humanos en Argentina.

Nos referimos a un hecho histórico que no ha sido valorado en su real dimensión por la sociedad argentina.

Recordar el desarrollo de este juicio intenta, no solo reivindicar un acto de justicia sino también de resaltar las características propias de una iniciativa política que comprendió de manera cabal el momento histórico. En 1983, Argentina entendió que para construir un futuro en democracia había que hacerlo sobre un principio de justicia por eso inició un camino hasta entonces desconocido, incomparable con cualquier otro proceso de reparación de derechos humanos en el mundo.

Esta convicción había que convertirla en hechos concretos a través de medidas de gobierno, y no fue una tarea sencilla. Hay quienes consideran, que “el Juicio a las Juntas, resuelto y sostenido hasta el final por el presidente Raúl Alfonsín, como la mayor hazaña civil de la historia de nuestra nación”, así lo expresa en José Eliaschev, en su libro Los hombres del juicio (Ed. Sudamericana, 2011).

En este sentido se puede decir que fue mucho más que un juicio, ya que tuvo un significado fundacional, al quebrar una tradición de impunidad que acarreaba la historia argentina que alternaba entre gobiernos de facto y democráticos, tolerando con impunidad los atentados al orden constitucional y a las violaciones a los derechos humanos y civiles más elementales.

Pero Raúl Alfonsín fue presidente de los argentinos, y otra fue la historia. 

Es bueno recordar que un mes antes de las elecciones de 1983 el gobierno al mando del Gral. Bignone promulga la ley de Pacificación Nacional, Nº 22.924 conocida como ley de auto amnistía que en su Artículo 1º declaraba extinguidas las acciones penales emergentes de los delitos cometidos con motivación o finalidad terrorista o subversiva, desde el 25 de mayo de 1973 hasta el 17 de junio de 1982. Y extendía su alcance a los autores, partícipes, instigadores, cómplices o encubridores y comprende a los delitos comunes conexos y a los delitos militares conexos. 

Mientras el gobierno militar dictaba esta ley, los sectores democráticos discutían cómo abordar, en democracia, las violaciones a los derechos humanos del pasado. Se planteaban, básicamente tres alternativas: 1) no tomar medidas reconociendo la vigencia de la ley de auto amnistía que incluía los delitos cometidos durante el último gobierno justicialista a partir del 25 de marzo de 1973, cerrando así un conflicto sin resolverlo; 2) iniciar un proceso a todos los que fueran denunciados; 3) iniciar juicios de acuerdo al grado de responsabilidad según el mando. Esta última fue la propuesta de la campaña electoral de Raúl Alfonsín, si bien en las urnas triunfaron sus ideas, llevarlas a cabo no fue fácil.

Aun creyendo que era la alternativa más justa muchos dudaron que fuera posible, y él mismo se lo pregunta en su libro “Memoria Política-Transición a la democracia y derechos humanos” (F.C.E., 2004): Había que evitar que se repitiese ese ciclo histórico de la impunidad y sentar el precedente de que a partir de 1983 no se tolerarían nunca más episodios al margen de la ley.(…) no se podían construir los cimientos de la naciente democracia en nuestro país desde una claudicación ética. El comienzo de la vida democrática argentina exigía  poner a consideración de la sociedad, explícitamente, el tema de la represión ejercida desde el Estado. Y llevar a los responsables de la violencia ante los tribunales. Pero había que hacerlo sin perder de vista la situación de fragilidad de la democracia. Muchas veces me pregunté si por defender los derechos humanos que habían sido violados en el pasado no arriesgaba los derechos humanos del porvenir. Es decir, si no estaba poniendo en peligro la estabilidad de la democracia y en consecuencia, la seguridad de los ciudadanos.

Alfonsín se plantea este dilema, pero sin embargo avanza con claridad en los primeros días de gobierno. Envía al Congreso el proyecto de derogación de la ley de auto amnistía (que fue Ley 23.040) y dicta el decreto 158/83 por el cual somete a juicio sumario ante el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas a las primeras tres juntas militares que usurparon el poder el 24 de marzo de 1976, proceso que luego terminaría en la justicia civil por la modificación al Código Procesal Penal que permitió la revisión de las sentencias de la justicia militar por parte de la Cámara Federal.

La iniciativa firme de someter a juicio a las juntas militares vino a terminar con una tradición histórica de impunidad.

En los años 80 los países de América Latina estaban iniciando un proceso de apertura democrática, Argentina era el primero en la región. Hoy podemos afirmar que esa transición fue exitosa, porque se consolidó la democracia, pero en ese momento el futuro era incierto. 

Los caminos elegidos fueron diferentes de acuerdo a las características sociales y los procesos políticos de cada país. En Argentina, Alfonsín hizo una clara propuesta durante la campaña electoral que fue, sin duda, la más acertada pero también la más valiente para aquel momento de transición democrática. Fue el único país que eligió la plena vigencia de la ley para juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura militar. De esta manera se buscaba conocer la verdad y garantizar justicia, pero también dejar claro que en democracia nadie podía estar al margen de la ley, cualquiera fuera su jerarquía. Por eso en este juicio los acusados fueron los que tenían el mayor grado de responsabilidad.

También se buscaba que la historia no se repitiera, y fue el fiscal Julio César Strassera quien interpretó un sentimiento generalizado, en su alegato final al expresar que lo que se había probado en el juicio no debía suceder nunca más en nuestro país. Nunca más se convirtió en una expresión que tiene un significado enorme y para siempre en la memoria de todos los argentinos.

A dos años de finalizada la dictadura, Argentina daba los primeros pasos para conocer la verdad y se hiciera justicia, bajo el estricto imperio de la ley.

Los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas que gobernaron el país entre 1976 y 1983 fueron sometidos a juicio, las audiencias orales que se desarrollaron entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985, la sentencia la conoció todo el pueblo argentino el 9 de diciembre de 1985.

Esto sucedió hace 30 años en nuestro país y muchos fueron los protagonistas.

Los acusados fueron Jorge Rafael Videla, con el grado de Teniente General (RE) del Ejército Argentino, Emilio Eduardo Massera, militar con el grado de Almirante (RE) de la Armada Argentina, Orlando Ramón Agosti, Brigadier (RE) de la Fuerza Aérea Argentina, Roberto Eduardo Viola, Teniente General (RE) del Ejército Argentino, Armando Lambruschini, Almirante (RE) de la Armada Argentina, Omar Domingo Rubens Graffigna, Brigadier (RE) de la Fuerza Aérea Argentina, Leopoldo Fortunato Galtieri, Teniente Coronel (RE) del Ejército Argentino, Jorge Isaac Anaya,  Almirante (RE) de la Armada Argentina, Basilio Arturo Ignacio Lami Dozo, Brigadier General (RE) de la Fuerza Aérea.

El Tribunal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Ciudad de Buenos Aires estuvo integrado por Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Arslanián, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma y Andrés D’Alessio.

Los fiscales fueron Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo. 

Las víctimas: innumerables.

El responsable político: Raúl Alfonsín. 

 

 

 

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